Superintendente de Pensiones entrega Cuenta Pública 2022 y pide a sectores políticos trabajar en un acuerdo para aprobar la reforma previsional

Santiago, 30/03/2023.-

Con un llamado a todos los sectores políticos a trabajar por un acuerdo en torno al proyecto de ley de reforma previsional que permita aprobar a la brevedad la iniciativa, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, presentó esta mañana la Cuenta Pública Participativa de la institución correspondiente a la gestión 2022 y los desafíos 2023.

El encuentro, que se realizó en la ciudad de La Serena, contó con la presencia del delegado presidencial (s) de la IV Región, Galo Luna, y la seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Coquimbo, Claudia Santander, además de jefas y jefes de distintos servicios e instituciones públicas regionales, concejales y representantes de agrupaciones de adultos mayores y de la sociedad civil.

"Creo que no debe haber ningún país en que se haya estudiado tanto su sistema de pensiones como en Chile (…) Es hora de que el sistema político se ponga de acuerdo, de una respuesta a la ciudanía y apruebe una buena reforma", afirmó el superintendente durante su exposición.

La autoridad dijo sentirse "moderadamente optimista" respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo en pensiones, precisando que "hay un proceso de diálogo en que la SP está participando como apoyo técnico y que, como lo han dicho las autoridades del Ejecutivo, existe la disposición para analizar y estudiar todas las propuestas que surjan en el objetivo final de mejorar las pensiones actuales y también de las futuras generaciones". "Hay que escuchar todas las ideas, pero el producto final tiene que ser mejores pensiones", recalcó.

Respecto de la Cuenta Pública Participativa 2022, el superintendente de Pensiones entregó un balance de la gestión institucional durante el año pasado, donde los principales hitos fueron la implementación de la Ley N° 21.409 que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), el apoyo técnico brindado para el proyecto de ley de reforma previsional, el diseño y puesta en marcha del proceso de licitación pública para la cartera de nuevas y nuevos afiliados al sistema de pensiones, el proceso de actualización de las nuevas tablas de mortalidad 2020 y el proceso de implementación de la Administradora de Fondos de Cesantía III (AFC III), adjudicataria de la última licitación del servicio de administración del seguro y de los fondos de cesantía, cuya fecha máxima para el inicio de operaciones es el 24 de julio de este año.

Asimismo, en 2022 la Superintendencia realizó un total de 3.558 acciones de fiscalización sobre sus regulados y emitió multas por 11.400 unidades de fomento, además de otro tipo de sanciones respecto de las cuales le faculta la legislación vigente. A lo largo del año, además, la SP emitió 26.126 oficios a afiliadas y afiliados, entidades fiscalizadas y otros organismos.

Regulación

En materia de regulación, el año pasado el servicio emitió 11 normas para perfeccionar el sistema de pensiones y 49 oficios para regular la implementación de la PGU. Estas instrucciones apuntaron a la incorporación de la modalidad de pensión de renta vitalicia escalonada, opción que permite a las personas recibir una mayor pensión inicial; implementación, tramitación y pago de la PGU; facilitar el otorgamiento de beneficios previsionales a las y los enfermos terminales, estableciendo el mecanismo de enrolamiento de los establecimientos de salud para la emisión de certificados médicos; y perfeccionar el sistema de calificación de invalidez para proveer una cantidad de médicos interconsultores a nivel nacional que permita absorber la demanda generada en dicha calificación.

Además, se emitieron normas y oficios para actualizar los valores de comisiones máximas para inversiones de fondos de pensiones; establecer nuevos lineamientos a las AFP para el correcto registro, control y tratamiento de incidentes operacionales, de seguridad de la información y ciberseguridad materializados; incorporar títulos representativos de facturas (TRF) como una nueva alternativa de inversión para los fondos de pensiones; incorporar bonos perpetuos como una nueva alternativa de inversión para los fondos de pensiones; y perfeccionar instrucciones en materias de inversiones para resguardar la seguridad de las inversiones, valorización, conflicto de interés y otros temas.

En materia de seguro de cesantía, se emitieron ocho normativas para mejorar el funcionamiento de este importante instrumento de protección social. Por su alcance social, las normas más importantes fueron la que mejoró los estándares de seguridad de la clave única para acceder a los servicios de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), con el objetivo de autentificar la identidad de la o el usuario al efectuar solicitudes vía página web o Centro de Atención Telefónica; la que estableció nuevos estándares para la Cartola de la AFC, destacando que el despacho de este documento se efectúe preferentemente por medios electrónicos; las normas que aprobaron nuevas alternativas de inversión para los fondos de cesantía como, por ejemplo, títulos representativos de oro, inversión indirecta en mutuos hipotecarios con fines habitacionales y títulos representativos de facturas; y la norma que incorporó directrices referidas al registro de incidentes operacionales de la AFC.

Durante 2022, la Superintendencia de Pensiones -cuya base de funcionarias y funcionarios es de 244 personas- nuevamente obtuvo un cumplimiento del 100% de las metas de eficiencia institucional (MEI). A esto se sumó que la Unidad de Auditoría Interna de la SP fue seleccionada para participar en el "Proyecto de Implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) en el Sector Público", que se implementará en la red de auditoría interna gubernamental en el sector público durante 2023.

Desafíos 2023

Al referirse a los principales desafíos para este año, el superintendente de Pensiones destacó como un hito prioritario la implementación oportuna y correcta de la nueva Ley N° 21.538 que modifica el requisito de acceso de focalización de la PGU, al establecer que desde el de abril de 2023 podrán acceder al beneficio las y los adultos mayores que pertenezcan al 90% de la población de menores ingresos del país y no al 90% de la población de 65 años y más, como se exigía inicialmente. Esto, en todo caso, siempre que esas personas también cumplan con los restantes requisitos de acceso, los cuales no cambiaron con la nueva ley.

Otro de los desafíos centrales es la entrada en vigencia la Ley N° 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, a partir del próximo 20 de mayo. Esta ley establece un mecanismo permanente para obtener recursos desde los ahorros de las personas deudoras de pensiones alimenticias, de manera que a quienes se les adeuda la pensión de alimentos puedan solicitar la retención de los fondos que el deudor tenga en cuentas financieras y de inversión, incluidas las cuentas de ahorro previsional voluntario (APV). Los tribunales de familia serán los encargados de dictar las resoluciones para que las instituciones financieras informen los saldos que tienen los deudores y ordenen el pago de sus respectivas deudas contra dichos saldos.

Continuar con el trabajo de apoyo técnico en torno al proyecto de ley de reforma previsional, la implementación desde julio próximo de las nuevas Tablas de Mortalidad 2020, la entrada en vigencia de la licitación de nuevas y nuevos afiliados para el período 2023-2025 y el inicio de operaciones de la AFC III, también forman parte de la agenda relevante de este año.

El documento de la Cuenta Pública Participativa de la SP, correspondiente a la gestión efectuada durante 2022 y desafíos 2023, se encuentra disponible en formato PDF en el banner situado en la página de inicio del sitio web www.spensiones.cl y en la sección Educación Previsional/Presentaciones.